La Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Carbap declararon el pasado 2 de abril una tregua de 30 días tras 21 días de paro en rechazo al nuevo esquema impositivo, pero la falta de consenso con el gobierno derivó en el regreso de la huelga y protestas en varios puntos del país.

Este conflicto surge a partir de una resolución del gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones de granos y especialmente de soja, que constituye la mayoría de las exportaciones argentinas.

“Es un intento del gobierno por captar la renta extraordinaria, producto de los extraordinarios precios que hay en el mercado internacional”, explica Eduardo Lucita, economista argentino.

El profesor Lucita, quien integra el colectivo Economistas de Izquierda (EDI) y la Sociedad de Economía Política para América Latina y Pensamiento Crítico (Sepla), califica la medida tomada por el gobierno de positiva.

“Y no solo correcta sino también progresiva, en la medida en que la discusión se centra en lo que se puede hacer con la captura de esa renta”, expresa.

Frente a esta iniciativa, aparece una reacción de paro rural que el economista califica como una mezcla de lock out empresarial y de paro de pequeños productores.

Sin embargo, de acuerdo al profesor, la reacción del gobierno de Cristina Fernández fue tardía y “tanto por la forma como por el contenido, muy poco productiva”.

“Provocó una reacción que extendió el conflicto a un conflicto político a nivel nacional y de proyecciones desconocidas porque a esto se sumaron cacerolazos de la clase media de la ciudad, en los pueblos, se sumaron los intendentes, los maestros; en fin, el conflicto tomó una proporción que nada lo hacía pensar en ese momento”, comenta.

Sectores involucrados en el conflicto

Existen básicamente cuatro entidades que agrupan a los productores del campo. Por un lado la Sociedad Rural Argentina, Carbap y Coninagro que agrupan a los grandes propietarios de tierras. Y por otro lado figura la Federación Agraria Argentina que representa al rededor de 100 mil pequeños y medianos productores.

“Pero con las transformaciones que hubo en el campo, con las nuevas tecnologías y la financiarización de toda la actividad, hay también lo que se llaman ‘pool’ de siembras, que en realidad son grupos de capital financiero que arriendan tierras, arriendan máquinas, que tienen sus ganancias en la explotación de grandes tierras, que no han participado teóricamente en este conflicto pero que están presidiendo toda la situación”, precisa Eduardo Lucita.

Fuente: TeleSur